Tras más de un año, la Sala de lo Contencioso ha dictado sentencia recientemente sobre la denuncia que Ecologistas en Acción de Cantabria interpuso contra la Consejería de Medio Rural sobre las matanzas de lobos que se vienen realizando habitualmente en Cantabria, desde 2015.
Esta asociación denunció que los lobos se matan en Cantabria por cazadores, guardas y personal no especializado (con el visto bueno de la Dirección General de Medio Natural) de forma no selectiva y clandestina; es decir, sin pasar el trámite de información pública establecido por ley, y además de forma sistemática, sin la justificación técnica ni científica necesaria, matando con arma de fuego cualquier ejemplar, ya sea hembras preñadas o cachorros, vulnerando toda normativa medioambiental, tanto europea como nacional.
También denunció que se utiliza para ello artefactos explosivos, método de caza específicamente prohibido por ley, y que se cazan lobos todos los meses del año, incluyendo la primavera y verano, que es época de reproducción y cría de especies de fauna silvestre; como los lobos matados recientemente en Campoo o Cabuérniga. Siendo el lobo, por tanto, la única especie en Cantabria que no tiene época de veda.
Esta sentencia, firmada por dos magistradas, desestima el recurso contencioso administrativo presentado por esta asociación por una mera cuestión de forma, sin embargo, se ha producido también un voto particular del presidente de la Sala, que discrepa de dicha sentencia.
La sentencia no entra en el fondo jurídico; y se limita a afirmar que en la gestión del lobo en Cantabria no existe riesgo medioambiental alguno, por ser una cuestión de caza y, que, en ese proceso, esta asociación ecologista no tiene legitimación para presentar el recurso, por estar fuera de la materia de protección medioambiental. Como si las cuestiones relacionadas con la caza no repercutieran sobre el medio ambiente.
Esta sentencia acepta como bueno un informe del Gobierno de Cantabria que asegura que la población del lobo en Cantabria está en expansión y que las actuaciones sobre dicha especie, que tiene carácter cinegético, se deben analizar con arreglo a la ley de caza, y por lo tanto no es una especie protegida.
Sin embargo, dicha argumentación contrasta con el voto particular del presidente de la Sala, quien considera que la denuncia y el contencioso es pertinente, "….pues esta asociación ecologista cumple en este caso los requisitos como asociación habilitada para la defensa de los intereses colectivos medioambientales, ya que la conservación del lobo ibérico en Cantabria es una materia que afecta a la conservación de la naturaleza y a la diversidad biológica".
El presidente de la Sala también entra en el fondo del asunto y da la razón a Ecologistas en Acción, señalando que "…ha de ser estimado el recurso contencioso administrativo pues ninguna de las autorizaciones extraordinarias obrantes en el expediente administrativo justifica los daños causados por la especie, ni incorpora informe técnico adecuado y suficiente que se exige para autorizar el control poblacional del lobo ibérico."
"Ecologistas en Acción de Cantabria presentó la denuncia por un total de 484 autorizaciones administrativas dictadas en 36 meses (de enero de 2015 a junio de 2017) para el control letal del lobo ibérico mediante arma de fuego, señalando que carecían de la necesaria motivación por su redacción estereotipada y repetitiva, individualizándose sólo los datos de cada comarca y zona de actuación, sin referencia a los daños causados previamente a la ganadería, o acogiéndose a la conflictividad social de forma genérica, sin mencionar las circunstancias de riesgo para la supervivencia del lobo ibérico en Cantabria."
El mismo magistrado concluye que, según la legislación medioambiental vigente, la población de lobo al Norte del río Duero puede ser sometida a medidas de gestión que no tienen por qué implicar su caza: "el control de ejemplares debería ser una herramienta más para conseguir los objetivos y nunca como un fin en sí mismo (como parece haber ocurrido durante estos años en Cantabria), formando parte de un conjunto de medidas que van desde la compensación de perjuicios causados en las explotaciones ganaderas, aplicación de medidas preventivas de los daños, reconocimiento de los servicios ambientales que presta la ganadería extensiva y el fomento de un cambio en la percepción del lobo por parte del conjunto de la ciudadanía que minimice el conflicto social y elimine la crispación del escenario de gestión de la especie."
Ecologistas en Acción viene denunciando la falta total de transparencia de este Gobierno, pues ha solicitado reiteradas veces tener acceso a las autorizaciones de control poblacional del lobo ibérico y solamente lo ha conseguido a través de orden judicial.
Fuente Ecologistas en Acción
El presidente de la Sala de lo Contencioso señala en el voto particular que "Del contenido de las resoluciones administrativas que forman parte del expediente administrativo, se deriva que no contienen un informe técnico adecuado y motivado sobre el control letal del lobo, ni siquiera una especificación suficiente de los daños que en ese caso hayan podido causar que justifiquen su muerte; tampoco ha existido un plan técnico para poder efectuar dicho control poblacional."
Por todo ello, Ecologistas en Acción Cantabria continuará con dicho procedimiento judicial y ya ha anunciado recurso ante el Tribunal Supremo, para que dicte una sentencia en consonancia con el voto particular del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Cantabria y sean declarados nulas todas las autorizaciones administrativas que permiten la muerte indiscriminada de lobos en esta Comunidad Autónoma. Sin embargo, el daño medioambiental ya estará hecho, pues los lobos ya estarán muertos.
Además continuará con la campaña por la descatalogación del lobo como especie cinegética en Cantabria, y por su inclusión en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
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