La Fiscalía admite a trámite una denuncia por fincas en Voto, según afectados

 (EFE).- La Plataforma de los Colectivos de Afectados por los Montes de Utilidad Pública (Placamupca) asegura que la Fiscalía ha admitido a trámite una denuncia contra el Servicio de Montes por haber reclamado la propiedad de unas fincas, situadas en montes de utilidad pública del Ayuntamiento de Voto.

La Plataforma de los Colectivos de Afectados por los Montes de Utilidad Pública de Cantabria agradece en un comunicado de prensa, en nombre de los afectados, que la Fiscalía haya admitido a trámite esta denuncia presentada por cuatro afectados de Voto.

Además, en declaraciones a Efe, el portavoz de este colectivo, Javier Rugama, ha manifestado que la Fiscalía ha aceptado otra denuncia de una mujer por una finca en el monte de Udalla (Ampuero).

Estos casos serían los primeros cuya investigación acuerda la Fiscalía de Cantabria.

La plataforma ha explicado que, a finales de mayo, con motivo del acta de ocupación del expediente de expropiación por servidumbre de paso del gaseoducto de gas natural entre Treto y Zierbena (Vizcaya), en el tramo Treto-Bilbao, el Servicio de Montes del Gobierno de Cantabria se personó "reclamando los derechos de propiedad" de las fincas de Voto.

Y, según señala en su comunicado, este Servicio las demandaba a favor de la Junta Vecinal de San Pantaleón de Aras, alegando que son parte de montes de utilidad pública.

La plataforma indica que todo esto se produjo "a pesar de que tanto la Junta Vecinal de San Pantaleón de Aras como el Ayuntamiento de Voto declararon reconocer como propietarios a los cuatro particulares".

"El propio Ayuntamiento de Voto, en palabras de su alcalde, indicó que se estaba cobrando el IBI a estas fincas desde hacía muchos años", destaca la plataforma.

Y resalta que los cuatro propietarios afectados tienen sus fincas "escrituradas y registradas en el Registro de la Propiedad de Laredo", de modo que "están legalmente documentadas, como lo corrobora el acta notarial levantada a tal efecto".

Según afirma Rugama, la Fiscalía de Cantabria ha remitido un escrito a los denunciantes, fechado el 24 de julio, en el que admite a trámite su reclamación y anuncia que incoará diligencias para aclarar lo sucedido.

La plataforma considera que, con este hecho, "una vez más se evidencia la postura torticera y abusiva" por parte de la Administración, para "desahuciar" de sus fincas a los afectados, aplicándoles el carácter de dominio público que se le ha impuesto a los Montes de Utilidad Pública con la Ley de Montes del 2003.